NN.GG. impugna la última Asamblea del Consello da Xuventude

La presidenta de Novas Xeracións de Galicia, María Seoane acompañada por representantes de varias asociaciones gallegas, presentó esta ante el Rexistro Xeral de la Xunta de Galicia la documentación pertinente para solicitar que la Consellería de Presidencia declare “nula de pleno derecho” la XL Asamblea del Consello da Xuventude de Galicia.

La medida, tal y como explicó la propia Seoane, conllevaría la celebración de una nueva asamblea en el plazo máximo de dos meses, y la consiguiente celebración de una nueva votación para elegir a los miembros del comité permanente, anulando por consiguiente la candidatura de Azucena Rodríguez Amoroso (hermana de la anterior presidenta del CXG) que de forma fraudulenta resultó elegida.

Entre los documentos presentados se encuentra una declaración de diversas asociaciones (Novas Xeracións, Clubes Xuvenís, AUTS y EFAS) que afirman haber presentado ante la Mesa de la Asamblea un escrito por el que se solicitaba la suspensión de la misma al no haberse respetado los plazos de notificación a las asociaciones ni de presentación de candidaturas (cuya copia con fecha de registro de entrada fue igualmente incluida).

Dicho documento, no fue recogido en el acta final de la sesión, pero su recepción sí fue firmada por el presidente de la Mesa, Ignacio Filgueira.

Un segundo documento, manuscrito y firmado en este caso por 23 de los conselleiros designados por las asociaciones para representarlas en el pleno: Novas Xeracións, Clubes Xuvenís, EFAS, AUTS, Galiza Nova, CAF y CAE (a los que posteriormente se sumaron representantes de CC.OO), relata las graves irregularidades producidas durante el proceso de acreditación, cuando la hora límite rebasó en más de 10 minutos el tope admitido y, tras haber declarado el presidente de la mesa la suspensión de la asamblea al no alcanzar el quórum exigido, se permitió la acreditación de dos supuestos conselleiros (20 minutos después y sin ningún tipo de identificación) cediendo así a las violentas presiones y amenazas que insistentemente había realizado el diputado autonómico del PSdeG, José Manuel Lage Tuñas.

Por todo ello, María Seoane explicó que el escrito solicita a la Consellería de Presidencia de la Xunta de Galicia que “declare inválido todo acuerdo adoptado el dicha asamblea al estar afectado de nulidada absoluta” y que Novas Xeracións de Galicia adoptará las medidas necesarias para que “el Consello tenga realmente relevancia y represente, como es su función, a todo el asociacionismo gallego”.


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Baltar desvela que Feijóo inestigará las cuentas del bipartito

La Xunta del PP presidida por Alberto Núñez Feijóo llevará a cabo "una investigación a fondo" en busca de irregularidades durante los años del gobierno bipartito, según anunció ayer su líder en Ourense, José Luis Baltar. Los populares centrarán las pesquisas en la política de contrataciones realizada por la Consellería de Medio Ambiente que ha dirigido desde 2005 el candidato a liderar el PSdeG, Manuel Vázquez. Baltar destacó que no le "sorprende" que en el departamento de Vázquez "se hayan convocado concursos públicos tras las elecciones para pagar favores".

El presidente del PP orensano aprovechó una entrevista en la Cadena Cope para mostrar una posición de fortaleza dentro del partido, ya que insistió en que consensuará con Feijóo el nombre del superdelegado de la Xunta en Ourense. El también presidente de la Diputación de Ourense afirmó que "habrá más cosas" turbias en el departamento dirigido por el socialista, por lo que anuncia la intención del nuevo gobierno presidido por Núñez Feijóo de llevar a cabo una investigación en profundidad.

El dirigente del PP de Ourense basó las sospechas de irregularidades en el "conocimiento" que asegura tener del comportamiento político de su adversario. "Conociendo como yo conozco la manera de actuar de Pachi Vázquez creo que va a tener que haber una investigación a fondo en la Consellería de Medio Ambiente porque, desde luego, ahí va a haber para dar y tomar" advirtió en la entrevista.

"Ojalá no lo haya", expresó, aunque justificó acto seguido sus "desconfianzas" en su grado de conocimiento del socialista. "Conociendo al personaje no me extrañan nada estas malas prácticas democráticas de alguien que abandera permanentemente la democracia", advirtió.

En su ataque contra el dirigente socialista que se postula como nuevo secretario general de los socialistas gallegos, Baltar no tuvo reparo en reconocer que él mismo puede haber incumplido la normativa vigente. "Le echa en cara a los demás todo lo que a lo mejor no hacemos de acuerdo con las normas, pero después él predica con el ejemplo haciendo cosas peores que nosotros", señala sobre Manuel Vázquez.

Mientras el gobierno de Feijóo inicia la tarea de levantar las alfombras en busca de irregularidades que debiliten al PSOE, el barón del PP orensano intenta mantener su posición de fuerza en su partido. Ayer anunció que los dos primeros temas que pondrá sobre la mesa de Feijóo serán relativos a la creación de empleo y a la crisis "que es lo que más preocupa a los orensanos", argumentó.

Baltar, que pasó los cuatro años de gobierno del bipartito esperando ser recibido por el presidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño, aguarda ahora por una fecha para sentarse a negociar con Núñez Feijóo. Reconoce que aún no tiene cita, pero sí una agenda con varios asuntos sobre los que tratar. "La Xunta no podrá solucionar la crisis, pero sí tomar medidas para crear empleo", destaca el dirigente del PP que ha convertido la Diputación de Ourense en la segunda empresa de la provincia en número de trabajadores, la mayoría cargos y familiares de su partido.

Mientras tanto, insiste en consensuar con el presidente in péctore de la Xunta el nombre del superdelegado en Ourense. "Nunca puse en duda que el nombramiento del superdelegado y de cualquier cargo es competencia del presidente", reiteró en respuesta a la reacción de Feijóo, quien el domingo le advirtió que ésta era una competencia suya "indelegable". Sin embargo, Baltar se mantiene firme. "Sólo dije que nos vamos a poner de acuerdo. Yo haré una propuesta de nombramiento y después la tendrá que aceptar y resolver el presidente", precisó el presidente orensano.
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Agustín Hernández enfila a María José Caride

Las acusaciones de adjudicaciones masivas de obras por parte de la Consellería de Política Territorial en funciones vivió ayer un nuevo capítulo, después de que el departamento de María José Caride adjudicase el lunes el tramo Celeiro-San Cibrao de la vía de alta capacidad de Costa da Morte por algo más de 32 millones de euros.

La decisión provocó una nueva reacción del PPdeG, que acusó a la Xunta en funciones de estar aprobando una "cascada de adjudicaciones" que, a su entender, debería dejar al criterio del Ejecutivo entrante, e interpretó que esta "estrategia premeditada" de "vaciar la caja" tiene como objetivo "atar de pies y manos" a la futura Xunta de Núñez Feijóo.

En concreto, el diputado electo del PP por Pontevedra Agustín Hernández, posible próximo conselleiro de Política Territorial, volvió a dirigir sus críticas contra la conselleira en funciones, María José Caride. Tanto a ella como al todavía titular del Ejecutivo, Emilio Pérez Touriño, les exige que no adopten más decisiones que "hipotequen" al futuro Gobierno. "Que de una vez por todas acepten las reglas del juego democrático y asuman el resultado de las elecciones del 1 de marzo", demanda el dirigente popular, director xeral en Obras Públicas cuando el conselleiro del ramo era Cuiña.

A la "sucesión de adjudicaciones" efectuadas por la Xunta en funciones sumó otras "prácticas irregulares", como el "empeño" de la Vicepresidencia da Igualdade y de la Consellería de Medio Ambiente para dejar "colocados" en puestos públicos a "personas afines" con el ánimo de que actúen como "submarinos" desde el interior de la Administración autonómica.

"Unos y otros están demostrando con sus prácticas anómalas que no saben perder", apuntó Hernández a través de un comunicado.

El PPdeG ya denunció hace días que Política Territorial había estado adjudicando obras por importes superiores a los 130 millones, a lo que la propia Caride respondió que se trataba de procesos administrativos ya contemplados antes de las elecciones y que todo respetaba la legalidad vigente.
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